SEGURIDAD

Definir la seguridad en sociedades heterogéneas, complejas y habituadas a vivir con altas cuotas de incertidumbre no es tarea sencilla. Más aún,
si la definición debe proveer grados suficientes de racionalidad para
entregar una orientación adecuada a aquellas políticas gubernamentales
que inciden en aspectos tan importantes como una pertenencia integrada y
sin zozobras de los ciudadanos a la vida social y política del país.
Crecientemente, las modernas teorías del desarrollo han empezado a
definir la seguridad de un modo integral y hablan de una Seguridad
Humana y un Desarrollo Humano. Estas definiciones tienen, para la política, la virtud de articular un conjunto de variables e indicadores que estructuran un sistema de referencias para medir los avances en igualdad y
democracia. Permiten incluso la fijación de metas gubernamentales y la
objetivación de la seguridad en un nivel macro, tremendamente positivo
para la teoría del gobierno moderno.
Sin embargo, es necesario trabajarlas de manera más específica a fin de
construir conceptos operativos útiles para analizar sectorialmente las polí-
ticas públicas de seguridad. Su sola mención no contiene aquellos indicadores de eficiencia y eficacia en un nivel intermedio, que es donde se articulan
todos los ámbitos sectoriales de una política pública. Se requiere, por lo
tanto, de una mayor especificidad técnica y conceptual, porque, desde el
punto de vista de la gobernabilidad, son las formulaciones específicas las
que permiten concretar de manera exitosa la voluntad política y la acción de
gobierno.
Siendo tan amplio y polisémico el concepto de seguridad, el presente
escrito se concentra en un aspecto específico de ella: aquél relacionado con
la política criminológica y la provisión de un orden público interno destinado a cautelar la integridad física, económica y moral de los ciudadanos,
con ausencia de amenazas o coerciones ilegítimas sobre su libertad y sus
derechos civiles




Toda municipalidad   está dotada de una capacidad de imperio que implica la
facultad de dictar leyes y hacerlas cumplir por la fuerza. Puede, además,
coartar, bajo determinadas circunstancias, las libertades de sus ciudadanos,
entre ellas la libertad física, e incluso –en aquellos países donde la pena de
muerte está permitida– ejecutar de manera legal a determinados delincuentes. Es por ello que no es un tema simple determinar una doctrina acerca del
uso de la fuerza, porque en la fuerza queda determinado no solo el talante
o disposición que una sociedad tiene para usar métodos coercitivos como
solución, sino que se refleja también el consenso social acerca del ethos
democrático y el valor de los derechos humanos.
Las municipalidades son, en esencia, formaciones territoriales (Hariou). Lo principal de su existencia como entidad objetiva es contener un hábitat humano
y una ecología política, dominados por rasgos de cultura que le son propios
y característicos y que la organización política torna exclusivos. De ahí que
todo aquello relacionado con el gobierno del territorio sea una clave fundamental en la política moderna, sin perjuicio de las tendencias globalizadoras
que predominan en el mundo contemporáneo



Determinar cuáles son los elementos arquitectónicos y de diseño que
tornan una ciudad más segura implica en realidad trabajar sobre soportes
estructurales de las políticas de prevención. Porque un buen diseño del
espacio permite, por ejemplo, una utilización eficiente de los recursos
policiales, además de una activa participación ciudadana en el control real
de los espacios públicos. Más aún, potencia el goce pacífico de la privacidad
de los hogares. Si el entorno es inseguro, el hogar se transforma en un
refugio frente a un exterior agresivo, que debe ser defendido y aislado, lo
que incentiva la percepción de inseguridad.




Existen diferentes elementos del territorio que deben ser sometidos a
escrutinio para contribuir con un diseño que potencie la prevención del
delito, permita un uso racional, económico y eficiente de la fuerza policial
y un goce pacífico de los espacios públicos. Entre ellos, el concepto de
barrio, y la identidad que él genera en sus habitantes, resulta determinante.
Definir el barrio ayuda a desarrollar la mirada consensual de sus habitantes
y a reforzar la identidad colectiva, lo que es muy importante para inhibir o
controlar las situaciones de riesgo. La inseguridad de un barrio tiene que
ver en gran medida tanto con la identidad de la gente que lo habita (con su
percepción de marginalidad, de rechazo o de autovaloración) como con las
mezclas en el uso del suelo y los equipamientos de que éste está dotado




En este ámbito, la eficacia y eficiencia de las acciones tienen un componente de cambio cultural que produce periodos indeterminados –en ningún
caso cortos o inmediatos– para el cumplimiento de metas. En muchas ciudades de la región se ha producido un reacomodo espacial y social importante en las últimas décadas, que no ha sido ni suficientemente diagnosticado ni asumido como una variable política para la elaboración de políticas
públicas de Seguridad Ciudadana.